El Congreso Nacional aprobó con fecha 25 de marzo de 2026, el proyecto de ley que establece la primera Estrategia Nacional de Desanilización y define el marco jurídico para el uso del agua de mar, tras más de ocho años de tramitación. La nueva ley tiene por objetivo subsanar la falta de regulación específica que existe respecto del agua desalada y genera la certidumbre jurídica necesaria para las comunidades, desde un punto de vista de política pública, sobre el futuro del agua resultante de la industria de la desalación en el país.
Aquí destacamos sus principales aspectos:
1. Establece que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público.
2. Crea una Estrategia Nacional de Desalinización, con la finalidad de establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras.
3. Establece la prevalencia del uso de las aguas desaladas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos en la legislación sectorial relativa a las concesiones marinas.
4. Dispone que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras deberán someterse siempre al sistema de evaluación ambiental SEIA.
5. Radica en la DGA la tramitación de permisos y fiscalización del sector.
6. Establece un plazo de 30 años para las concesiones, renovable por una sola vez (30+30), manteniendo un derecho preferente para el titular de la concesión actual.
Con este importante avance legislativo en materia de aguas, el país podrá respirar con un poco más de tranquilidad en un contexto climático de sequía extrema.
