Titular en los diarios ha sido el recientemente publicado decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Con él se buscaría dar mayor certeza jurídica al sector inmobiliario, sin embargo los cambios introducidos no parecen dar esa certeza.
El nuevo decreto establece, en concreto, tres puntos importantes:
1) La posibilidad que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pueda consultar a la Asociación Gremial que represente a los Directores de Obras Municipales, entre otras, su parecer respecto de las modificaciones que la propia OGUC pueda requerir.
2) Reiterar la presunción de legalidad de los actos administrativos, ya establecida en la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, señalando expresamente que los permisos, aprobaciones y autorizaciones dictadas por los Directores de Obras Municipales gozan de ella.
3) La definición de las materias que puede reglar un Plan Regulador Comunal, estableciendo los niveles en que es posible desagregar las zonas de éste e incluyendo expresamente los incentivos establecidos en el art. 184 de la Ley de Urbanismo, tan cuestionados por la Contraloría.
Estas modificaciones confirman la preocupación de la autoridad respecto de los efectos que se han producido como consecuencia del cuestionamiento por parte de la entidad contralora a los permisos de edificación e incentivos establecidos en los Planes Reguladores y su voluntad de buscar una solución que de certeza al sector inmobiliario.
Sin embargo, no está claro que este decreto resuelva los problemas específicos de certeza jurídica que han afectado a la industria, pues reitera una presunción de legalidad que ya estaba recogida en la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. En este contexto, los Permisos de Edificación siguen siendo susceptibles de ser reclamados de ilegalidad y sujetos a revisión de la Contraloría.
Por otra parte, en relación al cuestionamiento de los incentivos, el nuevo Decreto no aclara el alcance del Dictamen 2.745 de la Contraloría, publicado este año, en relación a la aplicación y validez de las condiciones e incentivos establecidos en los artículos 183 y 184 de la LGUC, materia que en la práctica ha significado la revisión en particular de los premios por parte de dicha autoridad administrativa (Dictámenes 7.889, 22.418 y 22.420, todos de 2019).
