El 10 de mayo se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.563, que viene en reformar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento actual. Esta reforma está enfocada principalmente en la simplificación y agilización de los procedimientos regulados.
En ella se establecen nuevos procedimientos que, además de ser más rápidos y simples, serían de bajo costo para micro y pequeñas empresas y personas. También se crean incentivos a los deudores de buena fe para su reingreso al sistema crediticio, la obtención de una mayor y eficaz recuperación de los créditos de los acreedores y la limitación el uso indiscriminado y/o de mala fe del procedimiento de Liquidación de Activos.
De esta forma, la nueva Ley da un importante reconocimiento, que no existía en la anterior, a las MiPymes y les permite un acceso mayor y eficaz a una herramienta atractiva y viable en cuanto a costos y tiempos, a los procedimientos regulados en la Ley.
Cabe destacar la nueva regulación en cuanto al discharge o descargue de obligaciones "ofrecido" o "regulado", ahora solo para deudores de buena fe, regulando con mayor claridad las obligaciones no afectas al efecto extintivo del discharge y limitando por lo demás, los efectos nocivos actuales, como la preferencia inapropiada o uso inadecuado de los procedimientos liquidatorios.
Finalmente, si bien la nueva Ley ofrece soluciones esperadas y necesarias a la regulación vigente hasta ahora, aún existen varios temas sin regulación o sin una regulación adecuada, que requieren un pronunciamiento legal expreso, atendida su necesidad, como también su utilidad vista en otras legislaciones y que hoy están entregadas simplemente a la interpretación judicial.
