Existe consenso en que la obtención de autorizaciones es una limitación a la inversión en Chile. Los largos tiempos de tramitación de las autorizaciones necesarias para desarrollar proyectos de inversión genera un retraso en los ingresos y una disminución en los retornos esperados, así como también, la falta de certeza jurídica debido a un aumento inorgánico, dispersión de la normativa y diferencias de criterios entre los diferentes órganos que están llamados a regular la materia.
Lo anterior produce un desincentivo a la inversión y un golpe a nuestra economía. Las autorizaciones sectoriales son necesarias para resguardar intereses públicos relevantes, pero deben ir de la mano con el desarrollo económico. Se hace necesario avanzar en una regulación que permita armonizar ambos aspectos.
El presidente de la República presentó al Congreso el pasado 10 de enero, el mensaje con el que inició el Proyecto de Ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones a diferentes cuerpos legales. Se busca crear una regulación que estandarice y coordine a los diferentes órganos de la Administración del Estado competentes.
El mensaje, entre otras cosas, establece normas mínimas del procedimiento aplicables a las autorizaciones sectoriales, entre ellas, que toda solicitud se presentará a través del denominado “Sistema de Información Unificado de Permisos”, mediante formularios únicos, establece plazos y regula el silencio administrativo.
Es sobre el silencio administrativo donde hace falta una señal clara a los inversionistas, puesto que, si bien se valora la iniciativa, la regulación propuesta no genera un incentivo a la inversión, toda vez que no soluciona el problema de la demora en la obtención de las autorizaciones y, mucho menos, la falta de certeza jurídica.
A pesar de que el proyecto regula las consecuencias del silencio administrativo, produce el efecto inverso al que se propone, puesto que establece que, tratándose de ciertas autorizaciones, si la ley sectorial nada dice sobre dicho silencio y el servicio no se pronuncia dentro de plazo, la autorización se entenderá rechazada.
Así las cosas, en este punto el proyecto perjudica al inversionista ante la inacción o acción tardía de los órganos de la Administración del Estado y aumenta la falta de certeza jurídica. Aun cuando se cumpla con los requisitos legales para obtener una autorización, algunos casos serán rechazados por el silencio del órgano que está llamado a otorgarla.
No existen dudas de la necesidad de regular de mejor manera las autorizaciones sectoriales. Sin embargo, es necesario conciliar el resguardo de impactos sociales como también, los intereses públicos relevantes como el crecimiento económico. Será el Congreso el llamado a subsanar problemas como el recién descrito para que así el proyecto de ley logre los objetivos que busca y genere un impacto positivo en nuestro país.
