El 25 de marzo pasado la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia en la cual fija un criterio jurídico relevante para delimitar la responsabilidad por infracción a la normativa sanitaria, que implica claramente que la conducta infractora del particular puede ser objeto de una sanción administrativa derivada de la contravención a una norma sanitaria restrictiva, y no así de una sanción penal.
Los hechos analizados por la Corte corresponden a una persona que fue sorprendida circulando por la vía pública en horario de restricción domiciliaria nocturna o “toque de queda”, y a la cual se le imputó infracción del artículo 318 del Código Penal, en cuyo mérito fue formalizado por el Ministerio Público y posteriormente, condenado por un tribunal penal.
El artículo 318 tipifica y castiga al que “pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio …”
La Corte debió conocer y resolver un recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado contra el fallo condenatorio. El fallo señala que la mera infracción de una norma sanitaria no configura necesariamente responsabilidad penal, si es que no se acredita que el infractor provocó un peligro concreto o realmente posible a la salud pública con su conducta, que es la acción delictual que precisamente tipifica el artículo 318.
Por otra parte, la sentencia que comentamos lleva inmersa la necesaria distinción que hay que hacer respecto a cuál es el interés o bien jurídico protegido al amparo de una norma sanitaria, y cuál se protege en el ámbito de una norma legal que tipifica un delito de carácter penal. Puede suceder que una sola conducta atente contra ambos intereses o bienes protegidos, pero diversos, en cuyo evento merecerá un castigo administrativo y una sanción penal – que no fue el caso analizado por la Corte -, sin que por ello se atente contra el principio del “Non Bis in Idem” (no imponer más de una sanción por la misma conducta indebida), considerando la diversidad de bienes que el Ordenamiento Jurídico protege.
