En medio de un año de elecciones municipales y en una nueva manifestación de lo que ha sido una reciente y llamativa línea jurisprudencial, la Corte Suprema volvió a acoger un recurso de protección deducido contra la Municipalidad de Santiago, esta vez producto de la afectación que han sufrido los vecinos del Barrio San Borja. La sentencia ordena a la entidad edilicia “adoptar, en un breve plazo y previas coordinaciones que correspondan, un plan de medidas y seguimientos, que procure la protección eficiente e integral de los vecinos del sector (…) con miras a morigerar y evitar la subsistencia de las condiciones denunciadas”.
La acción deducida por la “Fundación Santiago Se Levanta” acusó el estado de descuido, deterioro y mal uso del Parque San Borja y la Plaza de Carabineros por parte de terceros. En dicho sentido, denuncian que la instalación de carpas, cocinerías, acumulación de desechos, entre otros, afecta la calidad de vida y ponen en riesgo sanitario a los vecinos del sector, enfatizando la omisión por parte de la recurrida en sus deberes de fiscalización y ejercicio de sus facultades de control. Por su parte, la Municipalidad informó de forma general que se han adoptado medidas concretas para atacar esta problemática, por ejemplo, su participación en “mesas de trabajo”, postulación a fondos, instalación de luminarias e intentos de coordinación con Carabineros.
El fallo ratifica la nueva tendencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, en el sentido de enfrentar las problemáticas sociales que han proliferado durante los últimos años, pretendiendo, por vía del recurso de protección, “subsanar” la inactividad de los otros poderes del Estado ante su deber de garantizar la seguridad y derechos de sus ciudadanos. Conforme a ello, la sentencia hace énfasis en la responsabilidad de la Municipalidad en esta problemática, teniendo ésta la tarea de coordinación del orden público, así como también la fiscalización y conservación de áreas verdes, labores que han sido descuidadas, con las ya conocidas consecuencias. No es justificación – en criterio del sentenciador – la pandemia de Covid-19 y el estallido social.
Por otro lado, se vuelve a poner de manifiesto la versatilidad y alcance del recurso de protección en el ámbito de combatir las problemáticas sociales actuales, pero también plantea interrogantes sobre la efectividad de dichas decisiones y qué tan útiles resultan para solucionar la vulneración de derechos de las personas. Es plausible concluir que este tipo de sentencias tienen por objetivo enfatizar la necesidad de buscar e implementar soluciones eficaces por parte de las autoridades, sirviendo como una suerte de llamado de atención, más que como remedio a los problemas de la ciudadanía.
Por lo demás, este tipo de decisiones reabre la discusión respecto al activismo judicial, especialmente de la Tercera Sala de la Corte Suprema y los peligros que éste implica para un sistema democrático y una efectiva separación de poderes. No parecen injustificadas las críticas que se puedan hacer en tal línea, ni tampoco la preocupación que genera la proliferación de este tipo de sentencias, ya de larga data acusadas por la instrumentalización del recurso de protección.
> Ver fallo Rol 18.026-2023
