Actualmente se encuentra en tramitación en el Senado un Proyecto de Ley para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en materia de plazos y sanciones por incumplimiento que busca disminuir los tiempos de tramitación de permisos y autorizaciones en las Direcciones de Obras. Hoy un proyecto inmobiliario puede tomar alrededor de 3 años en su tramitación, incluso más, por las excesivas demoras y burocratización en la tramitación y aprobación de los permisos emitidos por la autoridad competente, especialmente por parte de las Direcciones de Obras Municipales.
El proyecto de ley contempla la posibilidad de reclamar las resoluciones de las secretarías regionales ministeriales ante la Corte de Apelaciones respectiva y de “demandar, conforme a las reglas del juicio sumario, la indemnización de los perjuicios que procediere ante el tribunal competente y solicitar al Ministerio Público iniciar la investigación criminal que corresponda” frente a reclamos que sean acogidos por la Corte de Apelaciones.
Además, se introducen modificaciones en otros textos legales, dentro de los cuales podemos destacar la disminución del plazo establecido en el artículo 53 de la Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, para la invalidación de actos administrativos, bajando de dos años a un año, en el caso de los permisos de edificación, urbanización e instalaciones complementarias, contemplados en el Capítulo II del Título III de la LGUC.
Se espera que la tramitación tenga la urgencia necesaria y que pueda establecerse un sistema que impida que la autoridad haga caso omiso a los plazos que la ley establece para su pronunciamiento. Así, y de acuerdo al mensaje del proyecto recién ingresado, se busca evitar que tanto el mercado de la construcción como la posibilidad de las personas a acceder a viviendas, se vean afectados por los tiempos excesivos en el otorgamiento de permisos de edificación.
Aún cuando se trata de un proyecto en tramitación que puede ser objeto de modificaciones, la disminución del plazo de invalidación favorece la certeza jurídica en materia de permisología. Aún así, cabe hacer presente que para la aplicación de sanciones a la DOM, se requerirá una acción judicial por parte del interesado, lo que conlleva tiempo y costos adicionales.
Seguiremos atentos al avance de la tramitación de este proyecto y a los eventuales beneficios que éste pueda reportar en los problemas que enfrentamos a diario y que afectan seriamente al mercado inmobiliario.
