Grandes problemas ha tenido en el último tiempo, debido a las consecuencias económicas que ha sufrido el país, la tramitación de los juicios civiles de desahucio y término de contrato, como también aquellos de precario. En todos ellos se persigue que se desocupe un inmueble que es de propiedad del demandante pero que está siendo utilizado por otra persona, ya sea por medio de un arrendamiento en el que se ha dejado de pagar la respectiva renta y/o gastos comunes, o está siendo ocupado ilegalmente.
Por motivo de lo anterior, hoy se publicó la ley 21.461 que introdujo un procedimiento monitorio a la que fija las normas especiales sobre arrendamiento de predio urbanos, en el cual se contempla la posibilidad de presentar una demanda para el cobro de rentas de arrendamiento con su respectivo requerimiento de pago y la restitución eventual del inmueble, aplicable además a las acciones en contra ocupaciones ilegales para obtener la restitución del inmueble.
Así, la ley contempla que una vez que el juez estime que la demanda monitoria presentada cumple con los requisitos legales, se acogerá y se ordenará requerir de pago al demandado para que en el plazo de 10 días regularice su deuda. La orden será bajo apercibimiento de que si no cumple o no presenta oposición, se le tendrá por condenado al pago de la obligación reclamada y se dispondrá su lanzamiento del inmueble en un plazo no superior a 10 días, contados desde que la última resolución se encuentre firme y ejecutoriada.
Asimismo, se establece que se le realizará al deudor un primer requerimiento de pago por medio de receptor judicial por la notificación de la demanda monitoria, y un segundo requerimiento se entenderá efectuado por el solo ministerio de la ley transcurridos 5 días desde la notificación de la demanda, modificación legal que agilizará los tiempos de la tramitación del procedimiento en comparación con la legislación anterior.
